Agentes de la policía de fronteras de Estados Unidos desplegados en Guatemala participaron el pasado mes de enero en una operación para detener a un grupo de migrantes hondureños en el ese país centroamericano y enviarlos de vuelta a su país. Los agentes se encontraban en Guatemala para tareas de entrenamiento y cooperación y no tenían cobertura legal para ejecutar misiones de seguridad. La operación pone en cuestión la realidad sobre el terreno de la cooperación entre Centroamérica y EE UU para frenar la migración hacia el norte. Los hechos fueron revelados este martes en un informe de trabajo del Senado de EE UU, adelantado por The Wall Street Journal. Estados Unidos tienen fuerzas de seguridad en el extranjero como parte de programas de cooperación que incluyen el entrenamiento de las policías locales en asuntos como la lucha contra el tráfico de drogas. Los agentes estacionados en Guatemala tienen estrictamente prohibido por el Departamento de Estado participar en tareas de seguridad propias de las policías de esos países.

Los hechos se produjeron en enero de este año, cuando se formó en Honduras una nueva caravana de inmigrantes dispuesta a alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Cruzaron la frontera con Guatemala el 15 de enero, según el informe. Allí se encontraron con agentes del departamento de protección de fronteras guatemalteco (Dipafront). El personal de Estados Unidos ayudó en la operación. Concretamente, consiguió los autobuses y los conductores para llevarlos de vuelta a su país y participó en la ejecución de la repatriación. Según el informe, se trataba de agentes del departamento de fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), dependientes del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Se trató de “una violación directa del acuerdo con el Departamento de Estado que además expone al Gobierno de Estados Unidos a potenciales responsabilidades legales y financieras”, afirma el informe, elaborado por los demócratas del Senado. No se conoce otro precedente en el que agentes de fronteras de EE UU hayan participado en una operación de seguridad en el exterior.

La operación tuvo repercusión en la prensa local y el 21 de enero los demócratas preguntaron al Departamento de Estado. El servicio exterior de EE UU respondió diciendo que DHS negaba que se hubieran producido los hechos. El departamento de Interior afirmó que sus agentes “no participaron en la acción de subir a los migrantes hondureños en autobuses en Guatemala de vuelta a la frontera”.

El 30 de enero, sin embargo, el Departamento de Estado envió al Senado una corrección de sus respuestas. “La información previamente aportada no es precisa”, decía. La nueva respuesta admitía que se había producido la operación y que los agentes norteamericanos habían participado en ella como se había descrito. Para ello, utilizaron fondos de la agencia de cooperación internacional en materia antidrogas (INL, por sus siglas en inglés), que es parte del Departamento de Estado. En concreto, se alquilaron tres autocares de 12 plazas y sus respectivos conductores. Ese mismo día, el Gobierno reconoció a los demócratas del Senado que la operación violaba los términos del acuerdo de cooperación y que los responsables que la habían autorizado habían sido cesados y se les había ordenado que regresaran a Washington.

El informe destaca además que en la repatriación se separó a los hombres de las mujeres y los niños. Sin embargo, DHS no tiene información sobre si se separaron unidades familiares o si había niños solos no acompañados. Tampoco tenía información sobre si se les dio oportunidad de pedir asilo. Es decir, se hizo “con pocas precauciones sobre los derechos humanos de los migrantes, particularmente refugiados, demandantes de asilo y niños”, dice el informe, que se titula: ¿DHS fuera de control?

El senador Bob Menendez el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó el informe este martes y lo calificó de “explosivo”. Menendez dijo que el informe “es un doloroso recordatorio de cómo la agenda antiinmigrantes del presidente Trump ha infiltrado todas las políticas e esta Administración. Tratar de desdibujar las líneas que separan el trabajo del cuerpo diplomático profesional del de los agentes de inmigración es corrosivo y totalmente inaceptable”.

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