Por: Itsmania Platero

 

“Aun cuando un hombre es condenado a la pena de muerte las autoridades le otorgan el derecho de comer los mejores alimentos”…Itsmania Platero

 

Desde el año 2008 se disparó la población penitenciaria, este incremento no es casualidad sino el resultado de determinadas políticas represivas y sin control por parte de las autoridades de Honduras. Pareciera que la delincuencia gana el espacio con pasos agigantados y la esperanza de justicia se vuelve más lejana y sombría.

 

Un promedio de 1200 policías penitenciarios de Honduras, apoyados por miembros del ejército, resguardan 30 centros de reclusión en Honduras. Datos estadísticos del Instituto Nacional penitenciario revelan que a nivel nacional los Centros albergan un total de 18 mil 196 internos, de los que 16,639 son hombres, 887 mujeres. De estos 8,606 internos son varones y 618 mujeres en condición jurídica de Procesados, el sistema de justicia de Honduras es tan injusto que quizás unos 8 mil saldrán inocentes en libertad, sin que nadie les remunere los días perdidos en los centros de reclusión, ni el estado les devolverá su carta de libertad limpia para incorporarse a la sociedad.

 

“La población penitenciaria más numerosa se encuentra en el Centro Penal “Marco Aurelio Soto”, ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, con 2,430 Condenados y 2,455 Procesados para un total de 4,885 entre los que ocuparon El Centro Penal de San Pedro Sula, Cortés, con 2,967”.

 

La carga penitenciaria ha obligado a poner el resguardo de 20 reclusos por un policía lo que está bajo los estándares internacionales, el resguardo debe ser de 1 policía por 4 reclusos.

 

La denuncia anónima es lo que más usa la policía como medio para iniciar una investigación supuesta en su mayoría sin registro de grabación.

 

Una llamada al 911 es suficiente para salvarte la vida o ser considerada como mínimo indicio y condenar a un individuo. Abusar de la línea de emergencia como una broma para medir la intención de la capacidad de reacción de la policía puede ser el objetivo de disminuir la seguridad de un determinado sector, para comunicar falsas emergencias abusando del 911 y olvidando que las llamadas son un auxilio de socorro policial.

 

“No se tiene presente la importancia de la población penitenciaria’ en la reducción del crimen y disminución de la violencia, tampoco se ha considerado que el crecimiento de la población penitenciaria aumenta los problemas en la salud pública”.

 

Recientemente organizaciones de derechos humanos han denunciado el crecimiento deterioro en la salud de los privados, por la falta de estrategias de prevención y control de enfermedades en los reclusorios. Los efectos de la abstinencia al dejar las drogas, VIH, tuberculosis y las hepatitis, el estrés también presente en estos centros facilita la violencia y el riesgo de las epidemias se dificulta el control, no solo con los detenidos sino también con sus familiares y el personal que labora.

 

Por eso es importante poner en marcha la salud pública, aceptar la generación de ideas que ayuden a disminuir el impacto negativo de la represión que da como resultado el “incremento sostenido de reclusos”. Es notable la falta de medicamentos en los hospitales estatales, que no responden a las necesidades de la población carcelaria y su personal de custodia. La salud en estos centros se encuentra en manos de personal no especializado y la responsabilidad de la salud recae en manos de los directores y no en manos de los médicos. Pena sobre pena es que No cuenta con personal capacitado para atender enfermedades degenerativas que, al salir el liberado, saldrá peor de como entro para convertirse en una carga más para el Estado.

 

No hay capacidad que responda a ” las normas mínimas de tratamiento” ni presupuesto para mejorar los servicios de salud que deben ir de acuerdo a las necesidades de la población recluida.

 

Tanto afuera de los presidios como adentro los problemas de salud de la población son los mismos. Aunado a la falta de medicamentos y a trastornos de locura que necesitan medicamentos controlados. ” Las Autoridades de Salud pública son las responsables de la protección, promoción y restauración de la salud de la población, y deben dar respuesta a esas necesidades, independientemente de la situación que viven los ciudadanos. El reto es mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la salud penitenciaria con el fin de que estos centros dejen de ser “cementerios de hombres vivos”.