Por:Itsmania Platero

«Lo que se mira no requiere explicaciones»… Juan Gabriel

Para sobrevivir en un país que sobresale por la corrupción, la impunidad, la violencia, desigualdad crónica que hace cada día más grande la brecha entre los ricos y pobres, se requiere de graves dificultades y desafíos, crear oportunidades de empleo, trabajar en recursos naturales que son los medios de supervivencia. Las Mujeres y niños as siguen siendo las víctimas más vulnerables a violaciones de derechos humanos producto de la desigualdad e injusticia.

El aumento de la deportación de personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica

(Guatemala, El Salvador y Honduras), seguirá siendo una realidad que genera consecuencias económicas, así como grandes ganancias a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y no digamos a los empresarios. La delincuencia seguirá siendo afuera en las calles como en el interior de las prisiones una lucrativa fuente de ingreso para los encargados de aplicar la justicia en Honduras.

La situación de los niños y adolescentes privados de su libertad es precaria y desapercibida, en condiciones de encierro inadecuado, parece que la única opción es el uso excesivo de la prisión para resolver problemas, con ausencia de programas de reinserción social efectivos.

Las cárceles hondureñas tienen alarmantes niveles de hacinamiento, falta de distribución de personas por delito, procesadas o condenadas, falta de medicamentos, insalubridad, ausencia de programas de rehabilitación y reinserción, una negligente atención médica y legal, alimentación deficiente, y escaso acceso al agua. Nos enfrentamos a repercusiones político-sociales y culturales minados por la cultura de la violencia.

Los desplazamientos internos y fuera del territorio nacional, el aumento de personas deportadas, desde Estados Unidos de América y México sólo marcan la debilidad del estado caracterizada por un sistema jurídico contaminado por la corrupción. La realidad para muchos es la violencia o la amenaza de violencia contra ellos o sus familias. Es un reto trabajar en una política migratoria con el fin de disminuir el impacto de la migración y el retorno forzado.

La apertura de un centro de crisis que brinde opciones al migrante retornado así como resolver la situación frágil de seguridad en que se encuentra su vida es una utopía. Lo ideal sería ofrecerles una atención integral.

El éxodo creciente de la población hondureña responde a la falta de oportunidades laborales, como resultado de un mercado laboral caracterizado por altas tasas de desempleo y subempleo, así como altos niveles de inseguridad y la necesidad de una reunificación familiar.

Las cifras de migrantes son crecientes, si hay mayor población migrante indocumentada, mayor serán los deportados. Las autoridades estatales saben muy bien que las políticas migratorias de Estados Unidos y México no permiten el ingreso ni permanencia de migrantes en condiciones de ilegalidad. Por eso los Estados Unidos de Norte América y el resto de la comunidad internacional han apostando para frenar el flujo migratorio, fortaleciendo programas de ayuda para mejorar el estatus de vida de los hondureños.

Lo que obliga a Honduras a crear los medios para atender a los deportados y a sectores vulnerables a través de programas o políticas de reinserción social. Sin embargo a pesar de la inversión internacional estos programas de ayuda «no» existen.

Bajo este contexto de ilegalidad y falta de transparencia , surge la necesidad de investigar y auditar acerca de cuáles son las políticas, programas o proyectos con los que cuenta Honduras, y quienes o que instituciones administran estos fondos para apoyo de los hondureños. También es necesario enfocarse en el marco legal e institucional que protege a los ciudadanos, en particular, personas retornadas al país.

Si recorremos algunos pueblos de la costa norte y el sur del país vemos como ha mejorado el nivel de vida de los que tienen familia en otro país. «las remesas son el alivio económico para el 35% de los hogares hondureños (más de 700,000 hogares)» según expertos.

Honduras sigue ocupando un importante lugar entre los países con mayor impunidad y corrupción debido a los problemas que existen en la estructura del sistema de justicia y violaciones a los derechos humanos.

Respecto a casos emblemáticos el estado de Honduras informó a la CIDH que a fin de determinar la verdad relacionada con los asesinatos, se creó una mesa de validación de casos, integrada por la “Dirección de Fiscalías, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Adscrita a la Policía Militar del Orden Público, y la Dirección Policial de Investigación».

Sin embargo, ni la la CIDH, ni las familias afectadas o las víctimas que sobreviven cuentan con información sobre la resolución, el progreso o desarrollo de las investigaciones con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y de ser posible sancionarlos.

Hasta la fecha las víctimas de casos emblemáticos y de alto impacto, como el resto de la población afectada siguen reclamando justicia e información sobre las investigaciones.