Por: Itsmania Platero

 

En Honduras se producen 43.6 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de 2018.

La depuración de la policía en medio a un ambiente de violencia provocó que las empresas de seguridad privada ganen terreno en el país. Es muy común ver la nación custodiada, desde los barrios más pobres hasta las colonias de los ricos se aprecian alambres de púas, portones de metal que cierran las entradas, trancas de seguridad y junto a ellas se aposta con su rostro quemado por el inclemente sol, ” un mal pagado guarda de seguridad”.

El asunto es que desestimar la policía estatal provoco que estas empresas proliferaron en absoluto desorden, además de ser empleados en su mayoría mal pagados trabajando de sol a sol.

Aunque la ley obliga a la Secretaría de Seguridad su autorización, control, vigilancia y el funcionamiento de estas, parecen haberse convertido en algo parecido a un “ejército privado”,

En Honduras se estima que operan alrededor de 738 agencias de seguridad, con 28,464 armas de las que están registradas y con un promedio de casi 100 mil guardas que superan en número a la policía y al ejercito; pero la unidad policial no tiene un registradas exacto pues algunas operan clandestinamente y sin registro de armas.

” Sobre el uso de armas, ha sido establecido que el armamento necesario para la agencia de seguridad depende del número de plantel que tenga, dentro de una proporción de 1:1, sin embargo, no hay ningún tipo de control que determine la cantidad de armas que detienen”.

Los guardias de seguridad viven desprotegidos laboralmente, sin acceso a ningún derecho , menos de ser capacitados.

“El Cofadeh organismo de derechos humanos manifiesto su preocupación en un contexto proclive a las empresas de seguridad, especialmente cuando el Gobierno del presidente Manuel Zelaya en forma discrecional autorizó a los guardias privados de seguridad a participar en labores de seguridad pública el 29 de agosto de 2006, delegando de esta manera la responsabilidad del Estado en personas particulares, que tenían un largo historial en violaciones a los derechos humanos, el presidente de ese entonces incluyó a los guardias de seguridad privada en los programas de ciudadanía del gobierno, autorizándolos para intervenir en hechos delictivos, incluso disparar contra delincuentes, también implicaba trabajo  de inteligencia, al proporcionar información  a los entes de seguridad estatal. en recompensa por esta labor serían premiados con un bono.” Esto implicaba que si los guardias privados, al intervenir para detener un delito, se miraban en la obligación de herir o matar a un presunto criminal para defender vidas o bienes, no serían acusados de homicidios”.

Afortunadamente No se hizo ninguna ley sobre eso, sin embargo, las costosas campañas de “barrios seguros” impulsadas por las alcaldías municipales más la poca confianza por parte de la población en la policía Estatal implicada en bandas y actos de corrupción” genero confianza en los guardias privados y además los acepto legitimándolos ante la sociedad que ahora permanece presa por el miedo”.